La Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha iniciado una investigación preliminar contra el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC), David Calderón de los Ríos, y el arqueólogo Luis Yépez Pinillos, por la presunta emisión irregular de un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en favor de supuestos traficantes de terrenos.
La investigación se centra en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo, ubicada en el distrito de Laredo, Trujillo. Esta área, considerada intangible por su valor histórico, ha sido vulnerada desde hace años por invasiones y cultivos ilegales. No obstante, según las denuncias, un CIRA expedido por la DDC en agosto de 2024 habría legitimado el accionar de quienes buscan apropiarse de este espacio con fines lucrativos.
La emisión de este certificado —en tan solo cuatro días desde su solicitud— llamó la atención de diversos sectores, entre ellos el académico. Fue el fotógrafo y docente universitario José Carlos Orrillo quien, al notar inconsistencias en el uso del terreno, inició una investigación por cuenta propia. Su denuncia, respaldada por evidencias, detalla que desde 2021 persisten acciones ilegales en la quebrada, pese a un desalojo parcial promovido por la propia DDC.
Lo que agrava el caso es que el certificado en cuestión lleva la firma del arqueólogo Luis Yépez Pinillos y del propio David Calderón. La Fiscalía busca determinar si ambos funcionarios habrían incurrido en el delito de negociación incompatible, al favorecer intereses particulares por encima de la protección del patrimonio cultural.
Cabe señalar que el pedido para expedir el CIRA fue ingresado a la DDC el 9 de agosto de 2024 y aprobado apenas cuatro días después. Este documento permitió que presuntos traficantes continuaran con el usufructo del área arqueológica, contraviniendo normativas de protección patrimonial.
Hasta el momento, David Calderón no ha respondido a las llamadas ni mensajes de los medios. Sin embargo, en declaraciones anteriores ha negado cualquier vínculo con invasores de zonas arqueológicas y ha asegurado que no firmó autorización alguna que ponga en riesgo el patrimonio.
El caso ha generado un profundo malestar en la comunidad cultural y académica de Trujillo, que exige celeridad y transparencia en las investigaciones. El proceso en curso representa no solo un posible acto de corrupción, sino también una amenaza directa al legado arqueológico de la región.
Mientras tanto, la Fiscalía ha solicitado que la Defensoría del Pueblo deslinde responsabilidades internas, y que se evalúe el actuar de los funcionarios involucrados. La conservación del patrimonio cultural de La Libertad está en juego, y con ella, la confianza ciudadana en las instituciones que deberían velar por su protección.
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