ABOGADO ADVIERTE QUE NO LE HAN OTORGADO LA DEBIDA RELEVANCIA A ESTE ÓRGANO.
El abogado Martín Ordinola Vieyra pone sobre la mesa un problema que afecta a la seguridad ciudadana en diversas provincias del país, sobre todo en nuestra ciudad: la falta de liderazgo y compromiso de los alcaldes en el funcionamiento del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec).
Pese a su importancia estratégica en la lucha contra la delincuencia, muchos alcaldes no le han otorgado la debida relevancia a este órgano, lo que impide el desarrollo de verdaderas políticas de prevención y combate del crimen con la participación de todas las instituciones y la sociedad civil, remarcó el especialista.
Uno de los aspectos más preocupantes, según Ordinola, es que los alcaldes, a pesar de estar obligados a liderar los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana, no han asumido esta tarea con la seriedad necesaria. En muchas municipalidades, el Coprosec solo funciona en el papel, pero en la práctica no cumple con su rol de aprobar y difundir estrategias efectivas de seguridad.
“Las Juntas Vecinales están organizadas para actuar como nexo entre la comunidad, la Policía y la Municipalidad, pero su labor se ve limitada por la falta de apoyo institucional. Estas organizaciones tienen una gran capacidad de recojo de información sobre amenazas y riesgos en cada sector, pero no se están utilizando adecuadamente”, precisó el abogado.
Ordinola Vieyra recordó que, según lo establece la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Coprosec debe ser presidido por el alcalde provincial de la jurisdicción e integrado por representantes de la Policía Nacional, el Ministerio Público, las Juntas Vecinales, Rondas Campesinas y otras instituciones.
Sin embargo, el incumplimiento de su labor impide que este comité apruebe planes, programas y proyectos en concordancia con las políticas nacionales, así como la difusión de medidas y acciones de seguridad que puedan impactar positivamente en la comunidad, advirtió Ordinola.
“La seguridad ciudadana, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, es una función específica de las municipalidades en coordinación con la Policía Nacional y la sociedad civil. Para ello, se normó la implementación de servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas y campesinas. No obstante, el problema radica en que las normas existen, pero no se aplican con la efectividad esperada”, expresó.
El abogado resaltó que la participación de la sociedad civil en la seguridad ciudadana es un derecho fundamental que debe ser promovido y facilitado por las autoridades locales. Sin embargo, la falta de capacitación y desconocimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana ha llevado a que muchas municipalidades no asuman el rol que les corresponde.
Según Ordinola Vieyra, el camino correcto para fortalecer la seguridad en las provincias es que las municipalidades capaciten de manera constante a las Juntas Vecinales y Rondas Campesinas, promoviendo su articulación con la Policía Nacional. Además, resaltó la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas y observatorios de criminalidad que permitan diseñar acciones focalizadas en cada distrito o provincia.
Para el especialista, una de las estrategias clave es la creación de Comités de Autodefensa, una medida que ya cuenta con respaldo legal y que permitiría una mayor articulación entre vecinos y autoridades.
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